Un juez federal concedió una suspensión definitiva que frena temporalmente cualquier acción en
contra del proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en la zona marítima de Mahahual, en el estado
de Quintana Roo, México, hasta que se resuelva el juicio de amparo que se promovió en contra de ciertos actos
administrativos asociados al desarrollo del proyecto.
La medida judicial significa que, por ahora, no se podrán ejecutar actos que afecten el estatus legal del proyecto,
incluidos permisos o autorizaciones que hubieran sido impugnados por los promoventes del amparo, hasta que el
tribunal determine si procede o no retirar la protección otorgada.
El amparo que derivó en esta suspensión fue promovido por personas que impugnaron actos administrativos que,
a su juicio, podrían resultar lesivos para sus derechos, por lo que el juez determinó que eran necesarios
efectos suspensivos para mantener la situación actual mientras se ventila el fondo del juicio de amparo.
La suspensión definitiva es una figura jurídica que impide ejecuciones o efectos de los actos impugnados hasta
que se resuelva el amparo en su totalidad, lo cual puede tomar un tiempo considerable dependiendo del desarrollo
del juicio. Esto quiere decir que cualquier acción que dependa de los actos administrativos impugnados queda
paralizada mientras permanezca vigente la protección otorgada por el juez.
Aunque la suspensión no resuelve de fondo las controversias sobre el proyecto, sí garantiza que no se realicen
modificaciones ni se afecten derechos mientras se procesa la demanda. Las partes involucradas deberán esperar
a que el tribunal especializado determine si existió o no violación de derechos en los actos reclamados.
La resolución del juez no obliga a cancelar el proyecto ni a revocar permisos, sino que protege a los promoventes
del amparo de que los actos que impugnaron sigan avanzando hasta que se dicte una sentencia definitiva en el
juicio de amparo.
En estos casos, el siguiente paso consiste en que tanto las autoridades como los promoventes presenten sus
argumentos ante el tribunal para que éste determine si los actos administrativos fueron o no legales y
constitucionales. Dicha determinación podría mantenerse firme o ser revocada, dependiendo de la valoración
judicial.
